BLOQUE I. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Canarias afronta un escenario de gran fragilidad ecológica derivado de su condición insular, la intensa presión turística y la dependencia histórica de combustibles fósiles. El archipiélago cuenta con recursos limitados —agua, suelo, biodiversidad— que requieren una gestión integrada y respetuosa con los límites naturales.
En este bloque se plantean medidas que van desde la descarbonización urgente de nuestro sistema energético y la gestión democrática del agua, hasta la implantación de prácticas de economía circular en residuos, la protección de nuestros enclaves terrestres y marinos, el fomento de una movilidad baja en emisiones y un urbanismo adaptado al entorno insular.
El propósito es lograr una transición ecológica que fortalezca la resiliencia de las Islas, garantice el bienestar de sus ecosistemas y promueva la participación activa de la ciudadanía en la defensa de su territorio.
Canarias afronta un desafío clave en su transición energética. Con más del 80 % de dependencia de combustibles fósiles, el modelo actual resulta insostenible social y ambientalmente. La meta de descarbonización total en 2040 es ambiciosa, pero difícil de alcanzar con la planificación vigente, centrada en grandes infraestructuras renovables de alto impacto territorial.
Este enfoque amenaza la biodiversidad y la soberanía alimentaria, y mantiene a la ciudadanía al margen de las decisiones.
Se propone un cambio estructural hacia un modelo energético justo, descentralizado y participativo, que garantice el acceso equitativo a la energía, respete el territorio y fortalezca la resiliencia local. Las siguientes cinco propuestas representan las líneas prioritarias de esta transición sostenible y democrática para Canarias.
Canarias atraviesa una de las crisis hídricas más graves de su historia reciente. La escasez de agua, agravada por el cambio climático, la irregularidad de las lluvias y un modelo de desarrollo intensivo en recursos, ha generado fuertes desequilibrios ambientales y sociales.
El turismo masivo, la expansión urbanística y una gestión deficiente han tensionado los sistemas de abastecimiento, mientras que las pérdidas en las redes superan el 25 % en algunas islas.
Aunque la desalación se ha extendido como solución, su alto coste energético y ambiental evidencia que no resuelve la raíz del problema. A ello se suma una legislación obsoleta —como la Ley de Aguas de 1990— que no responde a los retos actuales ni favorece una gestión democrática del recurso.
Es urgente redefinir el modelo hídrico del Archipiélago bajo principios de sostenibilidad, equidad y justicia ambiental, garantizando el agua como un bien común. Además, se propone recuperar el conocimiento tradicional en la captación y gestión del agua, e impulsar una educación hídrica que promueva una nueva cultura del agua en Canarias.
Las propuestas planteadas apuntan a cinco ejes estratégicos: mejorar las redes de distribución, reducir pérdidas, priorizar soluciones sostenibles frente a la desalación, cerrar el ciclo del agua eliminando vertidos, reformar la legislación y promover la educación hídrica como motor de cambio hacia una gestión justa, democrática y adaptada al territorio.
La gestión de residuos en Canarias se encuentra en una situación crítica: el 82 % de los residuos acaba en vertederos y solo el 17 % se recicla, muy lejos de los objetivos europeos que limitan el vertido al 10 %. Este escenario refleja un modelo obsoleto y alejado de la economía circular y la justicia ambiental.
El problema es estructural y político. La gestión se ha centrado en externalizar servicios, fomentar la incineración bajo el concepto de “valorización energética” y descuidar la reducción y reutilización en origen. Todo ello en un contexto de alta presión turística, urbanística y con escasa valorización de los residuos orgánicos.
Ante esta realidad, se propone una transformación profunda hacia un modelo de gestión público, descentralizado, participativo y ecológico. Las siguientes cinco propuestas representan las medidas clave para avanzar hacia una gestión de residuos sostenible, justa y adaptada a la realidad insular.
Canarias es uno de los territorios con mayor biodiversidad de Europa, tanto terrestre como marina, fruto de su singularidad geográfica y climática. Sin embargo, este valioso patrimonio natural se encuentra gravemente amenazado por el turismo masivo, la urbanización descontrolada, los vertidos, la pérdida de hábitats y la expansión de especies invasoras.
Durante décadas, la ocupación intensiva del territorio y la falta de planificación han degradado ecosistemas frágiles y puesto en riesgo especies únicas. En el medio marino, la presión del tráfico marítimo, la pesca recreativa sin control y la llamada “economía azul” están provocando daños irreversibles, como la desaparición de peces y el aumento de colisiones con cetáceos.
Ante este panorama, se hace urgente adoptar un nuevo modelo de gestión ambiental integral, basado en la ciencia y en la protección efectiva de los ecosistemas. Las siguientes propuestas recogen las líneas prioritarias para revertir la situación: reforzar la legislación y la vigilancia ambiental, regular el uso público de los espacios naturales, combatir las especies invasoras, crear nuevas reservas marinas y fomentar la educación y sensibilización ambiental como pilares del cambio.
La movilidad en Canarias atraviesa una etapa crítica. Décadas de dependencia del vehículo privado han generado un sistema insostenible, contaminante y agresivo con el territorio. La red viaria sobredimensionada, la saturación urbana y la presión del turismo han llevado a que, en algunas islas, el número de vehículos iguale o supere al de habitantes.
La electrificación del transporte, aunque necesaria, no resolverá el problema sin un cambio estructural del modelo. Mantener una flota masiva de vehículos eléctricos supondría un alto coste ambiental y energético, incompatible con una verdadera transición ecológica.
Es urgente avanzar hacia un sistema de movilidad más racional, equitativo y adaptado a la realidad insular, basado en la reducción del uso del coche privado, el fortalecimiento del transporte público, la promoción de la movilidad activa (a pie y en bicicleta) y una planificación territorial que minimice los desplazamientos.
Las siguientes cinco propuestas marcan las líneas prioritarias para avanzar hacia una movilidad sostenible en Canarias.
Canarias enfrenta las consecuencias de décadas de crecimiento inmobiliario y turístico descontrolado. La expansión urbanística, la permisividad normativa y la falta de control institucional han generado un modelo territorial insostenible que degrada el paisaje, agota los recursos naturales y reduce la calidad de vida de la población.
Leyes como la del Suelo de 2017 han priorizado los intereses económicos sobre la protección ambiental, debilitando los controles públicos y la participación ciudadana. Esto ha provocado una creciente desafección democrática y una sensación de impunidad ante las irregularidades urbanísticas, en un contexto agravado por la crisis climática, la presión turística y la emergencia habitacional.
Frente a ello, la ciudadanía canaria está impulsando un movimiento amplio por un urbanismo más justo, sostenible y participativo, que defienda el interés general y devuelva el protagonismo a las comunidades locales.
Las siguientes cinco propuestas priorizan un cambio estructural en la gestión del territorio, centrado en cinco ejes clave: democratizar la gobernanza, contener el crecimiento urbanístico, recuperar el espacio público como bien común, gestionar sosteniblemente los recursos y paralizar los proyectos ilegales que vulneran las normas ambientales. Estas medidas son técnica, social y éticamente imprescindibles para construir un modelo territorial justo, equilibrado y adaptado a los retos del siglo XXI.
