El bienestar de la sociedad canaria descansa sobre pilares que van más allá del crecimiento económico: la salud pública, una educación inclusiva y crítica, el derecho a la vivienda digna, la cohesión comunitaria, el impulso de la cultura y la convivencia pacífica en un territorio plural y abierto.

 

Este segundo bloque aborda los desafíos estructurales que afectan a la cohesión social: la necesidad de un sistema sanitario centrado en la prevención y la proximidad, un modelo educativo conectado con nuestro patrimonio y diversidad, políticas de protección social que garanticen cuidados y justicia, así como iniciativas que fortalezcan la participación vecinal y la diversidad cultural derivada de las migraciones.

 

En conjunto, estas medidas buscan cohesionar los lazos comunitarios y garantizar derechos fundamentales, construyendo un tejido social más justo, solidario y democrático.

La salud en Canarias está marcada por profundas desigualdades estructurales, sociales y económicas. A pesar de los avances normativos y el aumento presupuestario, el Archipiélago sigue mostrando algunos de los peores indicadores sanitarios del Estado: menor esperanza de vida, alta prevalencia de enfermedades crónicas y una elevada mortalidad por causas evitables.

 

Este escenario responde a un modelo sanitario centrado en la atención a la enfermedad, hospitalario y reactivo, que ha dejado en segundo plano la prevención, la atención primaria y la salud pública. Con menos del 1 % del presupuesto autonómico destinado a salud pública, el sistema no aborda las causas sociales, ambientales y económicas que determinan la salud de la población.

 

Factores como la fragmentación insular, la concentración de recursos en zonas urbanas, la pobreza, el desempleo y la presión del turismo sanitario agravan la situación. Además, la precariedad laboral, la fuga de profesionales y la creciente privatización amenazan la sostenibilidad y equidad del sistema público.

 

Ante este panorama, Canarias necesita una transformación profunda de su modelo sanitario, basada en la equidad, la prevención, la participación ciudadana y la salud integral. Las siguientes cinco propuestas recogen las medidas clave para iniciar este cambio: fortalecer la atención primaria y la salud pública, dignificar al personal sanitario, reequilibrar el presupuesto hacia la prevención, crear un marco legislativo que garantice la sanidad pública y construir un modelo centrado en las personas, sus contextos y sus derechos.

La educación es la base de la transformación social y un pilar esencial para construir un futuro justo y sostenible en Canarias. En un territorio marcado por las desigualdades, la dependencia económica y la diversidad cultural, el sistema educativo no puede limitarse a un modelo homogéneo y ajeno a su contexto. Debe repensarse desde su raíz, con una visión situada, crítica y comprometida con la realidad del Archipiélago.

 

El sistema educativo canario arrastra problemas estructurales: baja financiación, precariedad del profesorado, falta de infraestructuras, desequilibrios territoriales y escasa presencia de contenidos propios que reflejen la identidad y el patrimonio canario. En un mundo afectado por la crisis climática, la desigualdad y la pérdida de valores comunes, la educación debe formar personas conscientes, arraigadas y comprometidas con su entorno.

 

Educar no es solo transmitir conocimientos, sino fomentar ciudadanía crítica, empática y capaz de transformar el modelo social y ambiental actual. Para ello, es necesario fortalecer la educación pública, dignificar al personal docente, descentralizar los contenidos, vincular la enseñanza al territorio y devolver a la educación su papel transformador.

 

Repensar la educación en Canarias es una urgencia social y un acto de soberanía cultural. Apostar por una educación pública, inclusiva y enraizada en el territorio es apostar por el futuro del Archipiélago.

La crisis de la vivienda en Canarias ha alcanzado niveles sin precedentes, convirtiéndose en uno de los principales problemas sociales del Archipiélago. La combinación de especulación inmobiliaria, presión turística, desinversión pública y compra masiva de propiedades por no residentes ha generado un desequilibrio profundo entre oferta y demanda, disparando los precios de compra y alquiler. La casi desaparición de la Vivienda de Protección Oficial agrava aún más la situación.

 

El acceso a una vivienda digna es hoy inalcanzable para gran parte de la población, especialmente para la juventud, atrapada entre la precariedad laboral y la falta de alternativas asequibles. Muchas personas se ven obligadas a vivir en condiciones precarias o fuera del mercado formal, evidenciando un modelo habitacional injusto y excluyente.

 

Esta crisis exige un cambio de paradigma: la vivienda debe ser tratada como un derecho humano y un bien común, no como una mercancía. Para ello, es urgente establecer políticas valientes y un marco normativo que garantice el acceso justo y sostenible a la vivienda, protegiendo a la población residente y frenando la especulación.

 

Las siete propuestas prioritarias plantean un enfoque integral que incluye la regulación del mercado inmobiliario y del capital externo, el control de la vivienda vacacional, la activación del parque vacío o en desuso, el impulso a modelos cooperativos, la limitación del precio del alquiler, la promoción de vivienda pública y la mejora de la calidad y sostenibilidad del parque habitacional. Todas estas medidas buscan garantizar el derecho a la vivienda, fortalecer el tejido social y avanzar hacia un modelo más justo, inclusivo y sostenible para Canarias.

Canarias se encuentra en un momento decisivo para transformar su modelo de bienestar social y cuidados. Las crecientes desigualdades, el envejecimiento poblacional, la precariedad laboral y las carencias en el acceso a derechos fundamentales evidencian la necesidad de un cambio profundo en el sistema público de servicios sociales.

 

El actual modelo, centrado en prestaciones asistenciales, resulta insuficiente ante una realidad marcada por la pobreza, la dependencia y la exclusión. Es necesario avanzar hacia un enfoque que sitúe en el centro la dignidad, la justicia social y la sostenibilidad comunitaria, apostando por políticas sociales transformadoras, universales y participativas.

 

Las cinco propuestas priorizadas abordan los pilares del bienestar: garantizar rentas dignas, organizar los cuidados desde lo comunitario, redistribuir la riqueza, planificar con equidad territorial y redefinir el modelo de desarrollo desde la sostenibilidad y la participación ciudadana.

 

Estas medidas forman parte de una visión integral orientada a garantizar el derecho a cuidar y ser cuidado, vivir con dignidad y construir colectivamente una sociedad más justa, inclusiva y sostenible. La transformación del modelo social en Canarias pasa por reconocer el valor de lo público, lo comunitario y los derechos humanos como base de un nuevo contrato social para el siglo XXI.

La cultura es el reflejo vivo de la identidad y la memoria colectiva de los pueblos. En Canarias, cada manifestación artística y cultural nace del contexto social e histórico del Archipiélago, de sus barrios, pueblos e islas, y constituye una herramienta esencial para comprender quiénes somos y hacia dónde vamos.

 

Conocer y valorar la cultura canaria —su patrimonio material e inmaterial, sus tradiciones, su pensamiento crítico y su creatividad contemporánea— es fundamental para fortalecer el sentido de pertenencia y construir una sociedad consciente, crítica y abierta al cambio.

 

Poner la cultura en el centro de las políticas públicas significa reconocer su papel transformador y su capacidad para generar cohesión, identidad y nuevas formas de imaginar el futuro.

 

En este marco, las siguientes medidas se orientan a mejorar la gestión del sector cultural en Canarias, fortalecer su tejido creativo y garantizar que la cultura ocupe el lugar central que le corresponde en el desarrollo social y democrático del Archipiélago.

Canarias, por su posición estratégica, ha sido históricamente utilizada como enclave militar al servicio de intereses externos, una condición impuesta y no elegida democráticamente. Este modelo, heredero de estructuras coloniales y patriarcales, continúa vigente en el siglo XXI bajo nuevas formas de militarización, control social y securitización.

 

El Archipiélago es hoy uno de los territorios más militarizados del Estado español, con miles de efectivos, extensas áreas ocupadas por instalaciones de defensa —incluso en espacios naturales protegidos— y una creciente presencia de la OTAN y tropas extranjeras. Esta situación limita la soberanía democrática, provoca impactos ambientales graves y fomenta la normalización de la violencia, afectando tanto a la población canaria como a otras regiones vinculadas a su uso militar.

 

Frente a este escenario, se plantea una visión alternativa: Canarias como territorio de paz, desmilitarizado y comprometido con la defensa no violenta, la convivencia y el respeto a los derechos humanos. Apostar por un Archipiélago libre de militarización no es solo un ideal ético, sino una necesidad ecológica, democrática y social, clave para garantizar un futuro digno, soberano y sostenible para su pueblo.