Canarias, con una superficie limitada y una población que supera los 2,2 millones de habitantes, enfrenta una presión creciente sobre sus recursos naturales debido al modelo turístico expansivo y al rápido crecimiento poblacional. Este escenario ha comprometido la capacidad de carga del Archipiélago y exige una revisión profunda de las políticas de residencia, migración y gestión del territorio para garantizar un equilibrio entre sostenibilidad ambiental, justicia social y derechos humanos.

 

En las últimas décadas, la población canaria se ha más que duplicado, impulsada por flujos migratorios tanto internos como internacionales. Aunque esta diversidad ha enriquecido culturalmente a las islas, también ha incrementado la demanda de agua, energía y vivienda. Paralelamente, la llegada de residentes con alto poder adquisitivo —atraídos por el turismo de lujo, los beneficios fiscales o el clima— ha intensificado la especulación inmobiliaria y la desigualdad.

 

A la vez, Canarias sigue siendo una frontera sur de Europa para miles de personas migrantes africanas que huyen de la guerra, la pobreza y el cambio climático. Estas migraciones, frecuentemente criminalizadas, son gestionadas con políticas de control y militarización que vulneran derechos fundamentales, revelando una doble moral entre la acogida del lujo y el rechazo a la necesidad.

Ante esta realidad, se plantea la creación de una Ley de Residencia que limite el crecimiento poblacional en función de la capacidad ecológica de las islas, controle la llegada de residentes por motivos especulativos y garantice la acogida digna de las migraciones humanitarias.

 

Las propuestas incluyen además la descolonización de las políticas migratorias, el cierre de los CIEs, la creación de rutas seguras y la protección especial de mujeres, menores y personas LGTBIQ+. En definitiva, se busca un nuevo marco que combine sostenibilidad ambiental, justicia global y defensa de los derechos humanos, asegurando un futuro equilibrado y solidario para Canarias.

El Archipiélago Canario, con su limitada superficie de 7.447 km² y ecosistemas frágiles, enfrenta una crisis demográfica y ecológica.

 

El crecimiento poblacional sostenido, en gran medida impulsado por migraciones internas del Estado español y europeas, ha provocado una sobrecarga sobre infraestructuras, servicios y recursos naturales, cuyo impacto se amplifica por el modelo turístico predominante.

 

La huella ecológica, 11 veces superior a la superficie solo por la población residente, y 27 veces mayor si se incluye al turismo, evidencia que Canarias ha superado su capacidad de carga.

 

En este escenario, se propone una Ley de Residencia que regule el derecho de establecimiento y residencia de nuevos habitantes, no como una medida xenófoba, sino como una respuesta de justicia ecológica, social y territorial, compatible con derechos humanos y con un enfoque anticolonial.

 

Las siguientes propuestas están orientadas es este sentido:

El fenómeno migratorio no puede abordarse desde la lógica de control y criminalización, sino desde el reconocimiento de la migración como derecho humano.

 

En Canarias, se observa una preocupante asimetría de trato: mientras la migración europea accede libremente a derechos y propiedad, las personas migrantes principalmente africanas enfrentan obstáculos legales, rutas peligrosas, y prácticas racistas institucionalizadas.

 

Las medidas de control, como Frontex, CIEs y macrocentros, reproducen una lógica colonial, securitaria y deshumanizante.

 

Frente a esto, se plantea una política basada en la acogida digna, el reconocimiento de derechos y la reparación de injusticias estructurales.